Falta realizar procesos transparentes para continuar con obras suspendidas

Los hechos y acontecimientos que han devenido por la paralización de la operación de la Central Hidroeléctrica San Francisco debido a las fallas de diseño y construcción que ponen en peligro el funcionamiento adecuado de la central que puede suministrar el 12% de la energía eléctrica que necesita el país, son la consecuencia de un conjunto de errores de varios gobiernos, según el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermel Flores.

La situación de la central debe constituir una enseñanza para las autoridades y para todo el país a fin de  ejecutar los proyectos con los adecuados estudios  técnicos, dentro del marco legal, respetando los procesos administrativos, ambientales y legales.

El país debe terminar la época de la contratación de proyectos en forma  directa, a dedo, sin contar con los estudios técnicos, fuera de los marcos legales y constitucionales, y ejecutados con intereses políticos o económicos.

Las irregularidades marcaron el paso en la  ejecución de este proyecto: se inició con el cambio de la adjudicación del concesionario; la conformación de una empresa mixta entre Hidroagoyán y Odebrecht; la cuestionada garantía del préstamo otorgada por el Estado ecuatoriano; la contratación directa con  Odebrecht para el proceso constructivo, mediante un contrato “llave en mano” en donde se pretendió liberar de la responsabilidad de los diseños al consorcio constructor; una construcción realizada sin un sistema adecuado de fiscalización y supervisión técnicas... El resultado es que la segunda central  hidroeléctrica del país se encuentra paralizada, afirma el directivo.

Este tipo de procesos de contratación y ejecución de obras no solo trae como consecuencia  proyectos mal diseñados y construidos con cuantiosas pérdidas para el  país, sino también son el campo propicio para el desarrollo de la corrupción. El mismo presidente Correa ha manifestado que en este caso hay corruptos y corruptores, es decir que se ha corrompido a funcionarios públicos.

“El Presidente de la República, conocedor de una supuesta corrupción implementada por esta empresa, debe emprender con las acciones legales, con los procesos administrativos a fin de que no queden en la impunidad los directivos del consorcio, pero también los funcionarios que hayan participado en actos de corrupción”.

Sin embargo, la responsabilidad de la situación de la Central San Francisco no solamente recae en las autoridades y administradores de los gobiernos anteriores, sino también en los responsables de la actual política eléctrica del país del gobierno de Rafael Correa, como es el caso del ministro de Electricidad y Energías Renovables, Alecksey Mosquera, quien desde el inicio de su gestión ha propiciado este tipo de contrataciones de los grandes proyectos hidroeléctricos.

Su relación con el sector eléctrico se inicia en el gobierno de Lucio Gutiérrez, desempeñando la función de director de la unidad de promoción de inversiones en el Conelec.

En los más de 18 meses del actual gobierno, el Secretario de Estado bien pudo haber contratado y concluido los estudios de varios proyectos hidroeléctricos.

Para el Ministro, la ejecución de los proyectos es como “construir una mesa”: solamente se necesita saber que tiene patas y tablero, y durante el proceso se le va añadiendo los detalles. Pero el problema es mucho más profundo, dice.

“Este desconocimiento llevará al país al fracaso en los proyectos que pretenden ser emprendidos con base en esta política, pese a lo necesarios que son. El Presidente debe separarle de su cargo a no ser que antes este funcionario  tenga la sensibilidad de renunciar. Seguir con este tipo de procedimientos es también incentivar la corrupción, por lo que los proyectos seguirán caros y no se cumplirá con el objetivo de obtener energía más barata”.

La Cámara de la Construcción de Quito advirtió oportunamente sobre los acontecimientos  que estaban sucediéndose en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos San Francisco, Toachi-Pilatón y Baba, con la finalidad de que se corrijan oportunamente todos estos errores.

En esta ocasión, la Cámara reitera la necesidad de que estas obras de importancia fundamental para el país sean ejecutadas con diseños técnicos, dentro de un marco legal, de honestidad, competitivo, con una supervisión y fiscalización técnicas y con una veeduría ciudadana.

El Gobierno debe definir y ejecutar urgentemente un plan de obras emergentes para la rehabilitación de San Francisco de tal manera que ésta entre en operación con un determinado nivel de seguridad y definir el plan de reparaciones definitivo a fin de que la central pueda servir al país por un período igual o mayor de 50 años, para el cual fue diseñada.  

Por otro lado, el proyecto Toachi-Pilatón debe continuar su ejecución. El Gobierno debe exigir a Hidrotoapi la revisión inmediata de los diseños del mismo,  la elaboración de los documentos precontractuales, la contratación de una empresa fiscalizadora idónea, la implementación de un proceso competitivo, transparente, dentro del marco legal vigente que permita seleccionar en el menor tiempo posible a la empresa nacional o internacional que construya el proyecto en forma correcta, asevera Flores.

Igualmente, el régimen, a través de la empresa Hidronación, propietaria del Proyecto Hidroeléctrico Baba, debe emprender con similares acciones para enderezar el proceso de construcción de este importante proyecto de generación eléctrica  y de control de inundaciones.

Por último, la Cámara solicita públicamente al gobierno del presidente Correa que la ejecución de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, uno de los proyectos más importantes que deberá ser emprendido en los próximos años,  “se base en los respectivos estudios técnicos y sea ejecutado dentro el marco de la contratación pública, con transparencia, honestidad y competitividad”.

Adicionalmente, la Cámara hace un llamado público a los demás gremios y ciudadanos en general a fin de que los directorios de todas las empresas que emprenden los proyectos de infraestructura cuenten con la presencia de veedurías ciudadanas libres, independientes y responsables, para que vigilen cada uno de estos procesos, concluye el dirigente de los constructores.