Las autoridades del sector generan inseguridad técnica y especulación

En una carta dirigida al presidente del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), Fernando Izquierdo, el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermel Flores, pone el dedo en la llaga.

La Cámara de la Construcción de Quito considera que la construcción de proyectos hidroeléctricos es de fundamental importancia para el desarrollo del país porque permitirán atender el crecimiento de la demanda, reducir costos a través de la sustitución de la importación de energía de Colombia y Perú y la sustitución de generación térmica existente, a más de generar energía limpia y de un significativo valor agregado para la economía nacional. Pero en el caso específico del proyecto Coca Codo Sinclair hay inconsistencias técnicas que deben superarse.

La ejecución de los proyectos demanda implementar un proceso que debe ser técnicamente sustentado, legalmente claro y que permita la libre competencia de las personas naturales y jurídicas en capacidad de prestar sus servicios en las diferentes áreas que requiere su implementación.
Los proyectos hidroeléctricos de la magnitud de Toachi-Pilatón, Sopladora y Coca Codo Sinclair requieren ser adecuadamente estudiados a fin de alcanzar su exitosa culminación. El Estado abandonó su responsabilidad de continuar los estudios de los proyectos más importantes, dejando a la iniciativa particular su ejecución como en el caso de los tres proyectos mencionados que quedaron definidos por el Inecel a nivel de estudios de factibilidad, con características diferentes con las cuales se piensa ejecutarlos en la actualidad.
El abandono de los estudios de los proyectos hidroeléctricos ha llevado al Gobierno actual a pretender ejecutarlos, apartándose de normas constitucionales, legales y reglamentarias, sin considerar principios fundamentales en el campo técnico y administrativo.
Por ejemplo, fue precisamente el Conelec en el Plan de Electrificación 2007-2016 que respecto al proyecto Coca Codo Sinclair determinó técnicamente que “para la ejecución de este proyecto es necesaria la realización de estudios de actualización y diseños definitivos…”. 
A mayor desconocimiento de las características técnicas, constructivas, ambientales y económicas, mayor riesgo y, por ende, mayor costo del proyecto. Estudios adecuadamente realizados permiten obtener resultados más favorables para el país.
La legislación vigente determina que no se deben construir obras y proyectos que no cuenten con los estudios y diseños definitivos. El mismo proyecto del Sistema Nacional de Contratación Pública que está en trámite para su promulgación por parte de la Asamblea Constituyente determina que hasta en el caso de contrataciones integrales a precio fijo (“contratos llave en mano”) se disponga de los estudios completos de un proyecto. Si estos principios se deben aplicar para una obra pública en general, más aún en proyectos de esta importancia.
En el caso particular del Coca Codo Sinclair, el Gobierno Nacional debería implementar un proceso de precalificación de empresas nacionales y extranjeras  o consorcios de éstas a fin de acelerar el proceso precontractual y convocar a los concursos respectivos al momento de disponer de los diseños definitivos. Ya han pasado 16 meses desde el inicio de la gestión de este gobierno y no se dispone ni siquiera de un alcance de los trabajos para la realización de los estudios recomendados por el Conelec.
Si la intención del Gobierno es reducir las tarifas de electricidad a mediano plazo, consideramos que es indispensable que los procesos de contratación sean competitivos y que cada uno de ellos se realice con base en los estudios de desagregación tecnológica que permitan identificar la participación nacional, hecho que indudablemente posibilitará reducir los costos de estos proyectos. Conforme lo determinan los principios y criterios técnicos y de interés nacional, para que la desagregación tecnológica dé resultados positivos, debe formar parte de los procesos precontractuales y no de una política de “hechos consumados” como es el caso del Proyecto Toachi-Pilatón.
Para la ejecución de los proyectos hidroeléctricos que no dispongan de financiamiento del Estado y que requieran ser implementados para satisfacer el crecimiento de la demanda, deben implementarse procesos competitivos y públicos para seleccionar a las firmas ejecutoras o concesionarias, conforme lo determina el propio marco legal vigente de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, procedimiento que no ha sido implementado por las administraciones del Conelec y las que deberían ser juzgadas por aquello.
La adopción de una política clara por parte del Gobierno Nacional, enmarcada en las leyes y que permita la libre competencia, sin lugar a dudas no solamente generará confianza de los sectores interesados en desarrollar estos proyectos, sino que permitirá también generar confianza del pueblo ecuatoriano en sus gobernantes.
Por otra parte, son desconcertantes los valores de costo del proyecto que han sido señalados públicamente por el Ministro de Electricidad y Energías Renovables, para una capacidad instalada del proyecto de 1.500 MW: USD 987 en marzo de 2007, 1.600 en octubre de 2007, 3.000 y 2.000 en abril de este año (valores en millones de dólares).
Esta variedad de cifras, indudablemente genera desconcierto y desconfianza en las posibles empresas interesadas en el desarrollo y construcción del proyecto y en la ciudadanía en general. Es inaudito que la especulación respecto al costo  del proyecto se origine precisamente del más alto funcionario del sector eléctrico. Con estos irregulares procedimientos se está inaugurando un nuevo tipo de inseguridad: la inseguridad técnica.
Por lo expuesto, la Cámara de la Construcción de Quito considera indispensable que todas las entidades del Gobierno y sus autoridades actúen coherentemente para que la ejecución del proyecto más importante de generación hidroeléctrica del país sea exitosa y se logre alcanzar el objetivo del Presidente de la República de reducir el costo de las tarifas de energía eléctrica, con lo que se mejorarían los índices de competitividad del sector productivo y las condiciones de vida de la población.
En síntesis, para que se cumpla este cometido se deben realizar básicamente dos acciones:
1) Actualizar los estudios para determinar la capacidad óptima del proyecto (según la generación y el caudal permanente se determinaría el valor referencial) y en función de su resultado realizar los diseños definitivos, en los que se considere el impacto ambiental del proyecto y la desagregación tecnológica.
2) Implementar un procedimiento público y competitivo para la contratación de los estudios de consultoría y  construcción del proyecto.
La capacidad óptima del proyecto debe ser demostrada técnicamente, el no hacerlo lleva el alto riesgo de que se construya un proyecto caro y que el país deba seguir utilizando energía termoeléctrica (lo mismo que se pretende evitar), con las consiguientes afectaciones negativas al ambiente y a la economía de la población.
Nuestro interés está dirigido a obtener los mejores beneficios para el país, en un marco de transparencia, decisiones técnicas sustentadas y participación nacional competitiva de personas naturales y jurídicas para llevar adelante los estudios y la construcción de los proyectos.